La educación infantil (0 – 6 años) es sin duda
una de las etapas más importantes de la vida de nuestros hijos, ya que durante
esta etapa los niños absorben todo el conocimiento de su entorno social,
lingüístico y cultural para sentar las bases de su posterior educación.
Las administraciones públicas son conscientes
de las capacidades de los niños y por eso tratan de dar cobertura al 100% de
los alumnos entre 3 y 6 años. Sin embargo, también son conscientes de las carencias
de los niños a estas edades y de que su madurez física y psicológica no es la
idónea para asistir a las aulas durante este periodo, motivo por el cual la
escolarización de los niños no es obligatoria hasta los 5-6 años. Multitud de
psicólogos, sociólogos, pedagogos y educadores ven desacertada la
escolarización de niños tan pequeños e incluso algunas comunidades autónomas,
como Cataluña, están estudiando retrasar la edad de escolarización puesto que
creen que puede ser un motivo de fracaso escolar para los más pequeños de la
clase.
El problema surge cuando la escolarización de
nuestros hijos se convierte en una obligación bajo la amenaza que sutilmente
nos lanza la Administración Pública de quedarnos sin plaza en el centro que
queremos bajo el formato de: “estás en tu derecho de no escolarizarlo hasta los
5-6 años, pero salirse del sistema tiene sus consecuencias”. Y es que si no
matriculamos a nuestros hijos con 2-3 años en alguno de los centros que
queremos, corremos el riesgo de tener que llevarlos de los 6 a los 16 años a un
colegio que está muy lejos de nuestra vivienda, fuera de su entorno habitual y
en ocasiones con un nivel social y cultural diferente al nuestro. Este
argumento, para una sociedad cada vez más preocupada por la educación que reciben
sus hijos, es determinante para que los padres optemos mayoritariamente por
escolarizar a nuestros hijos cuando lo “propone” papá Estado. Y es que un derecho,
cuando se ejerce bajo amenaza, deja de ser un derecho para ser una obligación.
Lo que la mayoría de padres no sabe, es que la
Ley Orgánica de Educación nos reconoce los dos derechos 1.) que nuestros hijos
opten en igualdad de condiciones a las plazas a los 2-3 años y 2.) la “NO
OBLIGACIÓN” de llevarlos a clase hasta los 6 años. Esto es lo que hemos hecho
nosotros con nuestra hija Paula de dos años matriculada en el CEIP “Las
Vaguadas” de Badajoz pero que no asistirá a clase hasta primero de primaria. A
día de hoy, y aunque el colegio y la Consejería de Educación quieren quitarle la
plaza a nuestra hija a toda costa, el Servicio de Inspección Educativa de la
Consejería de Educación de Extremadura no ha podido encontrar ningún argumento
legal para arrebatarle la plaza. Y en caso de encontrarlo, iría en contra de la
Ley Orgánica de Educación que es jerárquicamente superior.
La Educación Infantil es un Derecho y no una
Obligación como quiere hacernos creer la Administración Pública.
